La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a declarar "víctimas directas" a los menores, hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor, y ofrecerles una pensión extra de orfandad, en lugar de la pensión simple de orfandad que reciben en el momento de fallecer su madre.
La iniciativa, propuesta por el PP, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, que se ha abstenido. El PP ha aceptado una enmienda de CiU, que finalmente se ha incorporado al texto, en la que se aboga por declarar a estos menores "víctimas directas, individualizadas e independientes".
Esta iniciativa responde a una de las reivindicaciones que el PP defendió con insistencia en varias iniciativas que fueron rechazadas durante la pasada legislatura y que ahora recoge en una proposición no de ley, que también fue presentada para su debate en Pleno.
Durante el debate de la proposición, el diputado del PP José Miguel Castillo Calvín ha puesto como ejemplo de las situaciones de "desamparo" que sufren los menores hijos de víctimas de violencia de género el caso de una niña llamada Salud, cuyo madre fue asesinada en Almería en 2011 por su padre, tras recibir éste una petición de divorcio.
Según ha explicado el diputado 'popular', desde 2011 Salud "no ha recibido asistencia especial alguna, ni de carácter psicológico-psiquiátrico, ni económico", contando sólo con una pensión de orfandad de 250 euros mensuales, correspondiente a la pérdida de su madre. Esto ocurre así debido a que hasta que no haya una sentencia firme, cosa que puede tardar varios años, la pensión de orfandad no se ve incrementada con la pérdida de la pensión de viudedad del agresor.
"El caso de Salud, desgraciadamente, es también el de otros niños y adolescentes, que cada año también son víctimas directas de la violencia de género", ha señalado Castillo Calvín, quien ha subrayado que el hijo de una víctima mortal de violencia de género "sólo tiene reconocido el derecho a una pensión de orfandad simple", lo que implica reconocerle la misma pensión que le correspondería si la madre trabajadora falleciera por enfermedad común.
Por ello, ha abogado por introducir en el Estatuto de la víctima, anunciado por el Gobierno, "las medidas y mecanismo necesarios para evitar que los menores se encuentren" en estas situaciones.
Por su parte, la diputada de CiU Montserrat Surroca i Comas ha manifestado su apoyo a la iniciativa, pese a que ha recordado que recientemente se ha aprobado en el Congreso una iniciativa muy similar del PSOE y, por lo tanto, la medida debería ir encaminada a urgir al Gobierno a cumplir lo acordado por el Parlamento.
Mientras, la diputada del PSOE Elvira Ramón ha lamentado que la iniciativa no "defienda cuestiones concretas" en lugar de "abstracciones" y ha presentado una enmienda, que finalmente no ha sido incorporada, en la que se pedía que se regulase la atención psicológica y una exención de tasas académicas para estos menores.
INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO
Por otro lado, la Comisión de Justicia ha aprobado un proposición no de ley a propuesta del PP en la que se insta al Gobierno a regular mediante ley orgánica, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Además, a propuesta de CiU, se ha introducido una enmienda para regular el tratamiento no voluntario ambulatorio en los casos en que sea recomendable.
La iniciativa ha salido adelante con los votos del PP y CiU, la abstención del PSOE, y el rechazo de Izquierda Plural, que según ha explicado el diputado de IU Gaspar Llamazares, se ha opuesto por una enmienda introducida a propuesta de CiU para que también se regule la figura del tratamiento ambulatorio involuntario. También el diputado socialista Alex Sáez ha señalado que su grupo se abstenía por ese motivo.
En este sentido, Llamazares ha señalado que "los sistemas ambulatorios no se pueden utilizar a la ligera" y "no pueden ser obligatorios". Además, pese a estar de acuerdo en transformar la actual legislación en ley orgánica, ha subrayado que "eso no quiere decir que en España no haya una buena legislación en materia de internamiento". "Es de las más garantistas de Europa", ha indicado.
Mientras, el diputado del PP José Miguel Castillo Calvín, encargado de defender la proposición, ha destacado que el colectivo al que se refiere la proposición es "especialmente vulnerable", lo que confiere a esta materia "una innegable importancia social", así como que la "vulneración de la constitución" que en diferentes ocasiones ha señalado el Tribunal Constitucional "sólo el legislador puede remediarlo".
Por su parte, la diputada de CiU, Merce Pigem, ha defendido que se regule la figura del tratamiento ambulatorio involuntario en caso de trastorno psiquiátrico grave, sien "tener que acudir ni a una incapacitación ni a un internamiento involuntario con los riesgos que esto conlleva".
