"Una Europa socialmente inclusiva es condición previa para combatir con éxito el cambio climático"
22/07/2019
El cambio climático es un reto característico de nuestra época. El modo en que gestionemos este reto determinará nuestro futuro. Los costes sociales y económicos de la pasividad ante el cambio climático son inaceptables. El incremento de la frecuencia y severidad de las sequías, de los incendios incontrolados y de las inundaciones en zonas marítimas y fluviales ya está causando desórdenes y dificultades. En nuestro nuevo informe de 2019, titulado 'Evolución social y del empleo en Europa', se confirma que, como consecuencia del calentamiento global, podría perderse anualmente hasta un 2 % del PIB de la Unión Europea.
Estas son las repercusiones que se pueden medir. Pero, ¿cómo se cuantifica la pérdida del hogar en el que has crecido? ¿Cuál es el coste socioeconómico del declive de una especie, como las abejas, que lleva millones de años evolucionando y es fundamental para nuestra biodiversidad?
La pasividad ante el cambio climático simplemente no es una opción. Este es el motivo por el cual la Unión Europea se ha erigido como uno de los líderes mundiales del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Los veintiocho Estados miembros de la Unión están poniendo en práctica el Acuerdo de París de 2015, y la gran mayoría de ellos están dispuestos a comprometerse con alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2050. Finlandia quiere alcanzar este objetivo incluso antes de 2035.
Sin embargo, la transición hacia una economía ecológica no será socialmente inclusiva por defecto. Muchos europeos están preocupados por el aumento previsto del coste de la energía y sus repercusiones en la renta de que disponen a final de mes. En los últimos años ha disminuido en la Unión el número de personas que no pueden pagar a tiempo las facturas de servicios públicos, pero todavía hay casi cincuenta millones de afectados. Es decir, cincuenta millones de más.
Cada vez está más claro que, para que nuestra estrategia climática tenga éxito, es fundamental que las políticas climáticas sean inclusivas, lo que significa que tenemos que integrar en ellas la dimensión social desde el principio, no a posteriori.
Las recientes protestas en Francia, a raíz del aumento de los precios del combustible de automoción, ponen de manifiesto lo difícil que puede llegar a ser dar con el conjunto nacional de políticas climáticas adecuado. También es fundamental, si queremos que la transición ecológica sea justa y democrática, repartir los costes y beneficios de la descarbonización y prestar especial atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, lo que además supone de manera explícita reinvertir los ingresos procedentes de la tarificación del carbono en políticas sociales redistributivas.
Soy consciente de que la transformación digital plantea tanto retos como oportunidades. Pese a las advertencias de los tecnófobos y de los tecnófilos, el futuro del trabajo no anuncia el fin de la actividad laboral. Algunos puestos de trabajo desaparecerán, se crearán otros nuevos y muchos de los existentes cambiarán. Lo mismo ocurre con la transición ecológica.
Entre los años 2000 y 2015, el empleo en la Unión creció con mayor rapidez en el sector del medio ambiente que en la economía en general. La mayoría de los puestos de trabajo ecológicos corresponden a ingresos medios y a cualificaciones medias, contrarrestando así la polarización que se observa en el mercado de trabajo debido a la digitalización y la automatización. Si Europa se mantiene entre los líderes de las tecnologías ecológicas, los resultados en materia de empleo mejorarán aún más.
Invertir en este futuro no solo significa invertir en innovación y creación de empleo, sino también en las personas y sus capacidades. Significa apoyar y empoderar a las personas actualizando nuestros sistemas de seguridad social para el siglo XXI. Cuando pusimos en marcha el pilar europeo de derechos sociales en 2017 en Gotemburgo (Suecia), nos comprometimos a ello con los ciudadanos de la Unión. Nadie se puede quedar atrás.
La Nueva Agenda de Capacidades para Europa ya está dando sus frutos. La Comisión Europea está trabajando codo con codo con los gobiernos nacionales para invertir en capacidades digitales, formación profesional y aprendizaje permanente. Por medio de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como el Fondo Social Europeo (FSE), las regiones de la Unión pueden financiar reformas que sean socialmente inclusivas y ecológicas y estén orientadas al futuro.
No podemos ignorar la dimensión territorial de la transición ecológica. Por ello, la «Plataforma de las regiones mineras en transición» está llevando a cabo proyectos piloto en catorce regiones de la Unión. La Comisión también ha propuesto que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) pueda financiar la reconversión y la activación de los trabajadores que pierdan su trabajo como consecuencia de la descarbonización.
La transición justa hacia una economía ecológica será una de las piedras angulares del próximo mandato de la Comisión. Para que la transición ecológica sea legítima desde un punto de vista político, es fundamental integrar el impacto humano en el diseño mismo de nuestras políticas. Es imprescindible que actuemos ya.
Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral de la Unión Europea.
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