Reformas legislativas como un cambio en el Código Penal que eleve a la categoría de delito la injuria en Internet cuando la perpetre el hombre sobre la mujer que es o ha sido su pareja y la tipificación de delitos de ciberdelincuencia de género.
Esta son algunas de las propuestas que formuló ayer Ángeles Carmona (a la derecha de la imagen), presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, ante la subcomisión parlamentaria creada para articular un pacto de Estado contra la violencia de género. Fue la primera en comparecer.
Carmona planteó "una serie de medidas jurídicas para proteger mejor a la víctima" y reivindicó la creación de unidades de valoración forense integral en todo el país, algo que preveía la Ley Integral y que 13 años después de su aprobación, "no se ha completado".
Sus otras propuestas son "la eliminación del atenuante de confesión en delitos de asesinato y homicidios, que supone una rebaja bastante considerable de la pena" y que las declaraciones de las víctimas se graben para evitar que tengan que dar testimonio reiteradamente, así como que se reforme el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a una mujer no declarar contra su marido aunque él sea el acusado y ella la víctima del delito.
En la actualidad, "un elevado número de mujeres" se acoge a esta dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o compañeros, bien en fase de instrucción, pudiendo dar lugar al archivo del procedimiento, o bien en el juicio oral, con el resultado, en ocasiones, de una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos.
También sugirió modificaciones del Código Penal para tipificar algunos delitos de ciberdelincuencia de género, cometidos a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Así, propuso la inclusión de un nuevo delito de suplantación de identidad a través de las redes sociales, algo "frecuente" en los casos de violencia de género entre parejas jóvenes y en momentos de crisis de pareja, indicó.
Flor de Torres Porras
A continuación intervino ante los diputados la fiscal delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la Discriminación Sexual y de Género, Flor de Torres Porras.
A su juicio, el artículo 416 "produce un vacío probatorio inmenso en los procedimientos". "Desde la Fiscalía lo que traemos a la subcomisión es una radiografía del estado procesal de los procesos judiciales y la doble victimización de las mujeres y propuestas de reformas legislativas", añadió la fiscal.
También coincidió con Carmona al solicitar que se tomen en consideración como violencia de género otras manifestaciones de violencia machista que suceden fuera del ámbito de la pareja, como la agresión sexual, la ablación o el matrimonio forzoso, en línea con el mandato de la Convención de Estambul de la que España es parte.
Violencia fuera de la pareja
Esta primera sesión de trabajo la cerró Blanca Hernández Oliver, ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, letrada de las Cortes Generales y experta en temas de violencia contra la mujer.
"Estamos en un momento de una responsabilidad muy grande y de mucha relevancia histórica porque no siempre en España se han logrado consensos y estamos en un momento muy propicio para ello. El mundo entero nos mira y un pacto es una declaración política muy potente en la que todo el mundo se manifiesta en la misma dirección y eso impide retrocesos y declaraciones erráticas", subrayó.
La primera reflexión que trasladó es "por obligatorio, por sentido común y por las cifras", la necesidad de "extender la violencia sobre la mujer por razón de género" a formas que se producen fuera de la pareja, y "analizar el encaje de cómo se puede hacer", ya que la Ley Integral permitiría extenderse en algunos aspectos, como la prevención, y en otros no, como en la tipificación del delito.
Además, destacó la necesidad de "insistir muchísimo en la formación" y "visibilizar a los grupos vulnerables", así como a los niños. "Es terrible la invisibilidad y la necesidad de asistencia muy especializada y muy concreta a los menores que tenemos", señaló Hernández, para quien esto conecta con el anuncio del Gobierno de crear una ley de protección de la infancia frente a la violencia.
El objetivo de la Subcomisión es elaborar un informe, en un plazo máximo de cuatro meses, en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género.
Solo se conoce el 20% de casos de violencia de género
Por otra parte, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, propuso ayer a los partidos representados en el Congreso medidas para "luchar de forma ordenada" contra la violencia de género, de manera que aflore el 80% de esta "lacra" que se mantiene oculta porque las víctimas no lo denuncian. El objetivo es conseguir llegar también a quienes en principio, prefieren no acudir a la justicia.