Europa se moviliza contra el Discurso de Odio

 

18/05/2018

La incitación al odio y a la violencia hacia quien es diferente es una realidad en toda Europa.

La Plataforma de ONG de Acción Social organizó, el pasado 17 de mayo en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, el Foro “JuntXs contra el discurso de odio”, al que asistimos para conocer las iniciativas de las autoridades locales y nacionales, las ONG, organizaciones internacionales y empresas de Internet en la lucha contra el lenguaje de odio y la falsa propaganda online.

Este debate no tiene fronteras. Afecta a todas las comunidades y se contagia a través de las redes sociales e Internet. 

Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Estrella Rodríguez Pardo, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social; y María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, presentaron la jornada.

“Necesitamos a las ONG como embajadoras del proyecto europeo de lucha contra el odio, fomentando la integración social y la tolerancia", subrayó María Andrés. Desde Europa, reconoció, se vive con preocupación la proliferación de los delitos de odio en las redes sociales. “La narrativa del proyecto europeo está un poco desgastada. El relato no engancha a los más jóvenes”, destacó.

La globalización, la crisis económica y las desigualdades sociales han aumentado la desconfianza de un sector de la sociedad que se siente “perdedora”. “Sienten miedo, y ese miedo es el caldo de cultivo que utilizan los movimientos racistas que están volviendo a emerger en muchas partes de Europa”, afirmó Andrés. La sociedad civil es clave en este proceso y, sobre todo, las ONG, “en contacto con las personas más vulnerables”. La mejor herramienta, a su juicio, es “fomentar la integración social”.

Para Estrella Rodríguez Pardo, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social,  el mensaje de odio funciona porque “lanza su contenido destructivo contra el conjunto”. Busca estigmatizar a determinados colectivos por odio racial, xenofobia, antisemitismo, intolerancia, hostilidad contra las minorías o religión.

La catedrática de Ética y Filosofía Política Adela Cortina define el discurso del odio como “cualquier forma de expresión cuya finalidad consiste en propagar, incitar, promover o justificar el odio, el desprecio o la aversión hacia determinados grupos sociales, desde una posición de intolerancia. Quien recurre a ese tipo de discursos pretende estigmatizar a determinados grupos y abrir la veda para que puedan ser tratados con hostilidad, disuelve a las personas en el colectivo al que se agrede y lanza contra el conjunto su mensaje destructivo”. La aporofobia, el rechazo al pobre, es uno de los delitos más frecuentes.

“El reconocimiento de la dignidad y de la propia imagen es un bien innegociable”, dijo.

A continuación, Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, desglosó los retos a los que nos enfrentamos en una sociedad cada vez “más informada pero también más desinformada”. “Existe un nuevo territorio donde se suceden las opiniones y reflexiones y donde se pueden incorporar los valores de la sociedad moderna: la Red”, subrayó. El odio, el terror o las amenazas ya existían hace siglos, añadió. Lo que ha cambiado es el escenario y la capacidad de multiplicar su difusión.

“¿Por qué llamamos posverdad a la mentira?”, planteó Garcés. Ya Baltasar Gracián, el autor del Siglo de Oro español, desenmascaraba la mentira y los vicios de su época: la codicia, la lujuria, la soberbia y el afán de poder.

“La dignidad –añadió- es un principio básico. Para ser libre hay que ser digno”.

 

MESA REDONDA Marcos legales y políticos para el combate del discurso de odio

Elvira Tejada. Excma. Fiscal de sala del Tribunal Supremo de la unidad de criminalidad informática y para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal subrayó el doble cariz de la tecnología: por un lado, ha contribuido a cambiar el mundo, a cohesionarlo; pero esa misma capacidad viral presenta no pocos aspectos negativos: determinados mensajes atentan contra la dignidad de las personas e intentan socavar los principios esenciales de los sistemas democráticos.

En la última reunión del Consejo de Europa, afirmó, se instó a los Estados a que “adopten una posición activa frente a la difusión de estos mensajes”, eso sí, “con cuidado”, para que no se limite la libertad de expresión o de prensa. “Hay que aprender a combinar ambas”.

El Convenio de Budapest es el documento más relevante contra la ciberdelincuencia. Es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet. Cuenta con un Protocolo adicional relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Ya ha sido suscrito por 29 países y en él se tipifican como delito los insultos por motivos racistas en la Red. Más información.  

En el conjunto de la Unión Europea, la piedra de toque es la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. “Supone una toma de conciencia de que hay que unirse para hacer frente a los crímenes de odio”. ¿Cómo? Mediante leyes internas lo más parecidas posible que definan como delitos las mismas conductas y tengan penas similares, disuasorias y proporcionadas. “Así es más fácil la cooperación”,´destacó Tejada.

 Se considerarán punibles como delitos penales determinados actos, tales como:

• incitación pública a la violencia o al odio, dirigidos contra un grupo de personas o contra un miembro de dicho grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión o creencia, la ascendencia o el origen nacional o étnico;
• el delito anterior realizado con la difusión, por cualquier medio, de escritos, imágenes u otros soportes;
• apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La Fiscalía se enfrenta a un grave riesgo: las barreras territoriales de los Estados. También hay muchos problemas a hora de localizar e identificar a los posibles autores del delito de odio, así como en la forma de recoger la información. “Faltan herramientas  y aplicaciones informáticas adecuadas para crear las estadísticas”, reconoció.

En España, “el legislador ha sido muy receptivo”, destacó Elvira Tejada. Para incorporar estas directrices europeas se aprovechó la reforma del Código Penal de 2015 y se redefinió el crimen de odio en la legislación española. La fiscal explicó cómo se articula el artículo 510 y recordó que “el juez o tribunal” puede acordar la retirada de los contenidos.

“En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”. Este es un tema complejo por la libertad de expresión. Los servidores, además, se encuentran alojados en otros países.

“Se puede averiguar quién ha emitido el mensaje de odio, pero tenemos que retirar los contenidos cuanto antes porque producen efectos perversos en nuestra comunidad”, dijo la fiscal.

La progresión es claramente “ascendiente y positiva”. Solo entre 2016 y 2017, la Fiscalía inició hasta un 200% más de investigaciones a través de la Red.

Elvira Tejada animó a la sociedad a que trasladen sus denuncias a la Fiscalía y avanzó que el Consejo de Europa trabaja en un segundo Protocolo adicional centrado en la cooperación entre países y con los prestadores de servicios de Internet.

 

Tom Morgan, de la Oficina del Parlamento Europeo en España, señaló el papel de las organizaciones de la sociedad civil en esta lucha. “La mayoría de la población europea no es racista, pero el racismo y el odio son dos realidades preocupantes y en auge”, afirmó. Un odio que crece frente a la defensa de la igualdad y de los derechos humanos, fundamentos de la identidad europea.

Morgan destacó, además, la más que preocupante difusión de falsa propaganda. Se trata de una información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público.

En la última encuesta del Eurobarómetro, el 83% de los encuestados declararon que las noticias falsas representaban un peligro para la democracia. Estaban especialmente preocupados por la desinformación. El problema es que "6 de cada 10 personas comparten noticias sin haberlas leído antes”. Es el caldo de cultivo de las fake news. Pero no hay una postura única en la Eurocámara. Está el sector que apuesta por la autorregulación, el que aboga por las multas y sanciones y un tercero que defiende la censura y el control público.

¿Qué podemos hacer? Morgan apostó por educar y concienciar a la sociedad europea (un 46% reconoce que se informa a través de las redes sociales); también a las empresas sobre el tipo de contenidos no autorizados. Ya hay un mandato que las obliga a retirar mensajes terroristas en el plazo de una hora.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Noticias Falsas y Desinformación designado por la Comisión Europea entregó el pasado mes de marzo un informe en el que recomendóa¡ “exigir una mayor transparencia a las plataformas en línea y las redes sociales, así como abandonar el término "noticia falsa" y hablar solo de "desinformación".

Ignacio Sola Barleycorn, SubdirectorGeneral de Cooperación Interior y Exterior INJUVE.

Sola presentó las políticas de prevención dirigidas a la juventud en España, como Erasmus+ o la Campaña #NoHate. El objetivo de esta última ha sido crear ciberactivistas y dotarles de herramientas para que puedan construir contranarrativas, como las redes antirrumores, y combatir así el discurso de odio en Internet.

"El Injuve está hoy aquí porque los jóvenes son el presente. Son, sobre todo, actores de cambio y difusores de una cultura de tolerancia y de educación”, destacó.

España mantendrá esta campaña por sus propios medios, pese a que ya ha finalizado, porque es fundamental ofrecer una respuesta rápida y contundente en el mismo medio utilizado por aquellas personas que atacan.

 

MESA REDONDA "Desarrollo de políticas por parte de empresas de Internet e iniciativas de ONG para perseguir el discurso de odio en la Red”

En esta mesa, moderada por Yolanda Besteiro, se analizó el desarrollo de las políticas y recomendaciones por parte de las empresas de internet, así como los éxitos y limitaciones de las ONG en el desarrollo de proyectos para perseguir el discurso de odio en la red.

 Santiago Menéndez-Abascal, responsable del equipo legal de Google, nos explicó cómo solicitar a Google el bloqueo de un contenido. Puede solicitarse en: https://support.google.com/

A través de un formulario se puede seleccionar el producto donde hemos encontrado un contenido de odio y solicitar que la información sea revisada por un equipo de especialistas y actúen de inmediato.

La mayoría de las veces es la propia tecnología la que marca un contenido como inapropiado. Evalúa los metadatos y comprueba si los vídeos de YouTube tienen una finalidad educativa, artística, científica…

"En YouTube determinados contenidos, sin llegar a ser delitos de odio, son inadecuados y adoptamos medidas de restricción”, señala Menénzdez-Abascal. Estas medidas comprenden desde la restricción del vídeo a menores de edad, a impedir que sea compartido o que se escriban comentarios…

En Google se combina la revisión humana por especialistas con la tecnológica. En materia de contenido violento, hasta un 70% de vídeos son bloqueados antes de que sean visualizados por una sola persona.

La compañía ha puesto en marcha, además, la Iniciativa Somos Más como una estrategia de contranarrativa. El proyecto une dos ámbitos esenciales: la educación en el aula y el uso de lnternet con el fin de amplificar el respeto, la tolerancia y la diversidad. 

¿Qué más ha hecho Google?

• Ha firmado un compromiso para combatir los contenidos ilícitos en línea. También han suscrito un Código de Buenas Conductas con la Comisión Europea y otro con el Foro Internacional para combatir el terrorismo.
• Mejora de sus procesos a través de la experiencia y de la jurisprudencia, con la ayuda de personas expertas, ONG y socios (trusted flaggers). Estos trusted flaggers son  personas, organizaciones o instituciones en las que confía para la denuncia de contenidos ofensivos o ilegales.

Aibhinn Kelleher, directora de Políticas para Europa, Medio Oriente y Africa en Facebook.

La red social trabaja con más de 800 ONG en todo el mundo y con personas expertas para mejorar el proceso de creación de políticas ante casos de abuso sexual, terrorismo, delitos de odio, Trata de personal, narcotráfico, bullying o fraude financiero.

En su informe trimestral (enero- marzo 2018) han detectado 2,5 millones de contenidos con delitos de odio.

También realiza una auditoría de Derechos Civiles y cuenta con un blog de preguntas difíciles (Hard Questions Blog). https://newsroom.fb.com/news/category/hard-questions/

“La mayoría de contenidos en Facebook no son dañinos. Respecto a los que sí lo son, como los Delitos de Odio, se persiguen aquellos relativos a la raza/etnia, orientación sexual, origen nacional, sexo, religión…”, señaló Aibhinn Kelleher.

¿Qué entienden por ataque? Cualquier discurso violento o apoyo dañino. Ese contenido es eliminado. 

Para contrarrestar el odio se sirven de "voces positivas y moderadas". "Creemos que estos esfuerzos para resistir y resistir el racismo, la violencia, el extremismo y el odio son esenciales. Es por eso que trabajamos en estrecha colaboración con las comunidades locales, sociedad civil y mundo académico, así como las personas responsables de la formulación de políticas para apoyar iniciativas de contranarrativa en todo el mundo".

En el caso de España, esta estrategia ha llegado ya a más de 12.3 millones de personas hasta la fecha. Facebook colabora, por ejemplo, con Rewind -CEU Universidad San Pablo-. 

 

Sara Giménez, Directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano.

Según detalló, ya han elaborado 12 informes de discriminación. El objetivo es frenar esta discriminación desde la base; prevenir y sensibilizar a la sociedad y a las potenciales víctimas.

Fundación Secretariado Gitano es una entidad reconocida como trusted flagger dentro del grupo de alto nivel de la Unión Europea. En su trabajo diario, detectan casos de odio y solicitan la retirada de los contenidos. En la fase previa de análisis del caso lo elevan a la Fiscalía. “Hay que saber y decidir qué litigamos y denunciamos”, puntualizó Giménez. 

Os recomendamos la lectura de este manual que aporta una definición del discurso de odio, cuándo es punible penalmente, la posición de las empresas proveedoras de redes sociales sobre esta cuestión, indicaciones de cómo y dónde denunciar casos de discurso de odio ilegal, referencias legales y buenas prácticas.

En el último informe enviado a la Comisión Europea (del 6 noviembre al 15 de diciembre 2017) se presentaron un total de 116 denuncias con contenidos antigitanos. Un total de 108 contenidos fueron eliminados.

Pero no siempre es fácil. Costó dos años eliminar un post con la imagen “muerte a los gitanos”.

Las empresas más rápidos a la hora de contestar son Facebook (en menos de 48 horas) y YouTube (100% de retiradas). En el caso de Twitter, "es menor la eficacia".

Sara Giménez no oculta su preocupación porque "no hay buenos mecanismos jurídicos para combatir contenidos discriminatorios que no sean constitutivos de un delito de odio y prime la libertad de expresión". A su juicio, no existe una buena legislación administrativa que sancione determinados comportamientos. “No serán delito, pero sí un ilítio”, recalca.

¿Qué reclama? “Una buena ley integral de Igualdad”.

España -dice- es pionera en la recopilación de datos, pero en ellos no aparece la motivación antigitana. "Hay que reseñarlo, como la motivación homofóbica”.

Jesús Genérelo. Expresidente FLGTB y Responsable Observatorio Redes contra el Odio.

 

Esteban Ibarra. Presidente de Movimiento contra la Intolerancia.

 

"El delito de odio es un concepto fenomenológico que hay que interiorizar", afirmó. Tiene sus raíces en el derecho anglosajón (hate crime), germánico y latino, aunque socialmente se le conoce como delito motivado por intolerancia, es decir, por prejuicios o animadversión que niegan dignidad y derechos a personas y colectivos que estiman diferentes. 

Ibarra defendió tres ideas: la libertad de expresión no es lo mismo que libertad de agresión, la propaganda precede a la acción y lo que es ilegal fuera de la Red también lo es en Internet.

La persona pionera en alzar la voz contra estos delitos -recordó- fue Violeta Friedman, Presidenta de Honor de Movimiento contra la Intolerancia. Fue una superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y gran activista por los derechos humanos. 

Se enfrentó en los tribunales con Leon Degrelle, oficial de la Waffen SS condecorado por Hitler, por unas declaraciones a la revista Tiempo en las que negaba el Holocausto. Las instancias judiciales inferiores al Tribunal Constitucional no dieron la razón a Friedman si bien la más alta instancia falló a su favor en 1991 al encontrarla lesionada en el honor tras haber sido testigo directo del exterminio judío.

Ante este tipo de delitos se pueden ofrecer cuatro respuestas: la penal, la administrativa y la contranarrativa mediante el voluntariado y activistas. "Se necesita formar a la sociedad", subraya. 

En lo que llevamos de año ya han presentado 120 denuncias en los juzgados. 

Ibarra insiste en que debemos ser "muy rigurosos" en los términos empleados y aboga por evitar el concepto "colectivo/persona vulnerable".

A su juicio, el artículo 22.4 del Código Penal ha sido un fracaso "porque faltan agravantes como el origen territorial, la lengua, la profesión desempeñada...".  

Según el citado artículo, "se trata de una circunstancia agravante cometer un delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

 

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