"La esterilización forzosa es la violación más flagrante cometida contra las mujeres con discapacidad"

Mayte Gallego Ergueta es vicepresidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, conocido también como Cermi Comunidad de Madrid, coordinadora de la Comisión de Mujer del Cermi Madrid, presidenta de Femaden, vicepresidenta de Aspaym Madrid y patrona de la Fundación Cermi Mujeres.

Colabora activamente, desde el año 2000 y desde las diversas entidades en las que participa, por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es, sobre todo, una gran activista y una luchadora en pro de los derechos de las mujeres con discapacidad. 

Charlamos con ella en el marco del programa Doy la cara contra la discriminación para abordar las barreras a las que aún se enfrentan las mujeres con discapacidad en España y sus principales demandas: la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la figura del asistente personal, la incorporación de las variables de discapacidad y género en estudios y estadísticas o el derecho a la maternidad. Mayte Gallego está muy implicada, además, en la prevención de la violencia de género y no olvida a todas aquellas mujeres que tienen una discapacidad "a consecuencia de los malos tratos y de la violencia ejercida sobre ellas".

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las personas con discapacidad. 

La relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha demandado ante el Parlamento Europeo la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad a todas las políticas comunitarias. ¿Se adoptan medidas y estrategias en España con perspectiva de género? ¿Existen estudios y datos desagregados por tipología de discapacidad y género?

En España y, centrándonos en la Comunidad de Madrid, esta es una de nuestras demandas históricas. Necesitamos que tanto en los estudios como en las estadísticas se incorporen las dos variables de discapacidad y género.

En aquellos estudios (que son pocos) donde se ha tenido en cuenta, los resultados que arrojan son muy significativos para poder adoptar después medidas y estrategias o solicitar recursos que en la actualidad no existen.

Por citar un ejemplo, en la macroencuesta de violencia del año 2015 se puso de manifiesto que un 31% de las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido algún tipo de violencia frente a un 12,5% de las mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de las personas con discapacidad?

Las principales reivindicaciones son que se aplique la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el 2006 y que, por tanto, debería estar presente en toda nuestra legislación.

Entre otras cuestiones, se reivindica la figura del asistente personal, un espacio sociosanitario para las personas con discapacidad y que todos los bienes y servicios sean accesibles universalmente desde el 4 de diciembre de 2017. Sin embargo, no se está cumpliendo.

También que se modifique la ley de propiedad horizontal para que todas las personas puedan salir de sus viviendas. Se reivindica, además, un empleo digno para las personas con discapacidad y una igualdad de oportunidades real y efectiva, entre otros temas.

Como ves, tenemos mucho trabajo por delante.

La Fundación Cermi Mujeres denuncia que la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente “es la vulneración más grave de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento jurídico español”. ¿Qué medidas llevareis a cabo para conseguir la modificación del artículo 156 del Código Penal?

Estamos denunciándolo desde el movimiento Cermi, tanto estatal como regional y su fundación, en todos aquellos lugares donde podemos decirlo y nos escuchan.

Es verdad que la esterilización forzosa es la violación más flagrante cometida hoy en día contra las mujeres y niñas con discapacidad.

En los tiempos que vivimos, con todos los medios anticonceptivos que hay, no es concebible que se siga practicando la esterilización sin el consentimiento de una mujer y sin que comprenda el propósito de la operación. A esto se suma que para llevar a cabo esta intervención se la incapacita judicialmente.

Por lo cual, esa mujer será mucho más vulnerable y podrá hacer menos uso de los recursos para, por ejemplo, denunciar una agresión. ¿Por qué? Porque no podrá hacerlo sin su tutor o tutora.

Por este motivo hemos llegado a concentrarnos ante el Ministerio de Justicia para pedir la modificación del artículo 156 del Código Penal, donde la esterilización queda despenalizada en España cuando la persona adolezca de grave deficiencia psíquica y la práctica haya sido autorizada por el juez. Seguiremos luchando hasta que lo consigamos.

¿A cuántas mujeres puede haber afectado esta esterilización que contraviene la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad?

Se han realizado aproximadamente 1.000 en la última década y unas 100 este año, principalmente a mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial.

Respecto al derecho a la maternidad, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad?

Sinceramente creo que la imagen más negativa que se tiene de la mujer con discapacidad se da en el ámbito de sus derechos reproductivos.

Cuando una mujer quiere ser madre, se encuentra con mucha reticencia, desde la del personal médico hasta la de su propia familia. Suelen pensar que si la mujer necesita cuidados, cómo va a poder cuidar de un bebé. Y eso es algo que tiene que decidir ella.

Ocurre lo mismo cuando quieres ser madre por un proceso de adopción o a través de un banco de donante de esperma.

El proceso es mucho más complejo que el de mujeres que no tienen discapacidad porque se desconoce la valía de las mujeres con discapacidad.

Este año se ha aprobado la reforma de la Ley Electoral, que permite a todas las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto en España. Hasta ahora, 100.000 estaban excluidas por sentencia judicial. ¿Cuál es el siguiente objetivo?

El derecho al voto de las personas con discapacidad incapacitadas es un gran logro y una reivindicación de mucho tiempo atrás.

Es de justicia que estas personas puedan votar en las próximas elecciones. Y esta medida tiene también un impacto de género, pues hay más mujeres con discapacidad incapacitadas que hombres.

Sin duda, nuestro próximo objetivo es la erradicación de las esterilizaciones forzosas, con la modificación del artículo 156.

Las mujeres con discapacidad constituyen un colectivo muy heterogéneo con muchas diferencias entre sí, sujetas a distintas formas de discriminación. ¿Cuáles son las más frecuentes y que más urge atajar?

Son múltiples las desventajas o discriminaciones que sufren las mujeres con discapacidad, desde un desempleo mayor y una tasa de inactividad del 76%, hasta una falta de formación, sobreprotección por parte de sus seres más cercanos y unos porcentajes más elevados respecto a la violencia de género, entre otras.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 señaló que la más frecuente era la psicológica emocional, seguida de la de control. ¿Qué se está haciendo para frenarlo?

Desde nuestras entidades estamos solicitando proyectos, pero los recursos son muy limitados, para hacer talleres con las propias mujeres con discapacidad para que sepan distinguir los tipos de violencia que se generan hacia ellas y conozcan las herramientas para que puedan defenderse y denunciarlo.

Estamos solicitando que se haga un informe en la Comunidad de Madrid de la situación real de las mujeres y niñas con discapacidad. También solicitamos que se recoja el dato de la discapacidad en las denuncias y en el teléfono 016.

También que todo el material de recursos y prevención de violencia hacia las mujeres sea accesible para las mujeres con discapacidad; es decir, que esté disponible en braille, en lectura fácil, en lengua de signos, entre otros.

Además estamos reclamando que todos los consejos de las mujeres existentes en las distintas poblaciones sean accesibles para todas las mujeres con discapacidad. Y que cuenten con el conocimiento de ellas, que ese conocimiento que tienen es muy valioso.

No podemos olvidarnos de todas aquellas mujeres que tienen una discapacidad a consecuencia de los malos tratos y de la violencia que han ejercido sobre ellas. Es un número de mujeres que está creciendo, desgraciadamente.

Respecto a los delitos de odio, habéis propuesto a Interior que incorpore la variable de la discapacidad en los estudios y estadísticas. El último informe, de 2016, recoge un total de 1272 delitos de odio; 262 de ellos por discapacidad ¿cuál creéis que es el porcentaje que realmente se denuncia?

Desconozco ese porcentaje, pero estoy segura de que es mínimo el porcentaje que se denuncia con respecto a los casos reales porque presentar una denuncia es algo que nos cuesta mucho.

¿Cuál es la situación actual del sistema de dependencia?

Creo que, aparte de que es un sistema que no está dotado de los recursos suficientes para dar prestaciones y servicios a todas las personas que lo necesitan, es un sistema muy dirigido a las personas mayores y que no tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Es un sistema que se olvida de la parte de autonomía personal. De hecho, la ley se llama de autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Se debería de ampliar la oferta de servicios dirigidos a la promoción de la autonomía personal y se debería de incidir más y haber más prestaciones de asistencia personal.

Sería muy importante que las personas con discapacidad, pero sobre todo las mujeres y niñas con discapacidad, por ser las principales demandantes de prestaciones y servicios del  SAAD, pudieran optar a la figura del asistente personal. Cuando el cuidado y la asistencia se lleva a cabo por familiares se provocan graves crisis familiares y se las sobreprotege mucho más.

¿Sois más visibles ahora que en años anteriores?

Después de mucha lucha hemos conseguido participar en el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

Esto es muy importante para nosotras, porque es ahí donde podemos hacer incidencia política e incluir las medidas que consideramos necesarias para que las mujeres con discapacidad alcancen la plena ciudadanía.

Siempre hemos estado en un limbo, puesto que cuando nos dirigíamos a los movimientos de mujeres o feministas, siempre nos decían que nuestro lugar para reivindicar eran los Servicios Sociales. Nada más alejado de la realidad; somos tan mujeres como el resto, por lo cual, nuestro lugar está con el resto de mujeres.

Por supuesto, acudiremos a los Servicios Sociales cuando nos corresponda, pero no por el hecho de reivindicar cuestiones de mujeres expresamente.

* Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.