Los estereotipos erróneos relacionados con la discapacidad y el género son una forma de discriminación que tiene una repercusión especialmente grave en el disfrute de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y en el derecho a formar una familia. Entre estos estereotipos destaca la creencia de que son asexuales, incapaces, irracionales o hipersexuales.
A menudo se ignoran las preferencias de las mujeres con discapacidad, especialmente de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, y sus decisiones suelen sustituirse por las de terceros, incluidos representantes legales, proveedores de servicios, tutores y familiares, violando sus derechos con arreglo al artículo 12 de la CDPD.
Con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas con discapacidad se ven obligadas a someterse a la esterilización, a la práctica del aborto u otras formas de control de su fertilidad. Desde la UE se insta a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones con respecto al tratamiento médico o terapéutico, con apoyo cuando así lo deseen, entre otras cosas tomando sus propias decisiones sobre la conservación de la fertilidad y la autonomía reproductiva, ejerciendo su derecho a elegir el número de hijos y el intervalo entre ellos y las cuestiones relacionadas con su sexualidad, y ejerciendo su derecho a entablar relaciones.
Esto debe suceder sin coacción, discriminación ni violencia.
La esterilización y el aborto forzados son una forma de violencia contra las mujeres y deben tipificarse como delito, con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Los centros y equipos sanitarios, incluidas las máquinas de mamografías y las camillas de reconocimiento ginecológico, a menudo son físicamente inaccesibles para las mujeres con discapacidad.
Educación y formación
Los estereotipos sobre género y discapacidad se combinan para alimentar actitudes, políticas y prácticas discriminatorias, como utilizar material didáctico para perpetuar estereotipos erróneos, asignar la función de cuidadoras a las mujeres y las niñas y, en algunos ámbitos, dar mayor valor a la educación de los niños que a la de las niñas, alentar el matrimonio precoz de niñas con discapacidad y, por último, no proporcionar instalaciones sanitarias accesibles en las escuelas para garantizar la higiene menstrual. A su vez, estas dan lugar a mayores tasas de analfabetismo, fracaso escolar, tasas de asistencia diaria desiguales, absentismo y abandono escolar total.
Un análisis comparativo de la UE reveló que, en 2011, solo el 27% de las personas con discapacidad de entre 30 y 34 años había terminado un ciclo de enseñanza superior o equivalente. Sin embargo, no hay datos sobre las mujeres y las niñas en concreto.
Debe garantizarse la igualdad de acceso a las TIC y a la sociedad de la información. A la hora de desarrollar tecnologías de la información y la comunicación, deben tenerse en cuenta los factores económicos, la necesidad de formación y la igualdad de oportunidades, con independencia de la edad.
Empleo
La actividad de las mujeres en general en el mercado laboral sigue siendo muy inferior a la de los hombres (46,6% frente a 61,9%). Los mercados laborales de todos los Estados miembros muestran una segregación por género persistente y significativa. Sin embargo, las mujeres con discapacidad están mucho más excluidas del mercado laboral.
Solo el 18,8% de las mujeres con discapacidad de la UE están empleadas, según el Índice de Igualdad de Género de 2015 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (frente al 28,1% de hombres). La elevada tasa de desempleo entre las mujeres con discapacidad es inaceptable y provoca que tengan más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza y exclusión social. Encuentran mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, lo que les dificulta el desarrollo de formas de vida independientes. A menudo reciben salarios inferiores. Las barreras a la movilidad y la mayor dependencia de familiares y cuidadores crean obstáculos a su participación activa en la enseñanza, el mercado laboral y la vida social y económica de la comunidad.
También deben promoverse las oportunidades de empleo por cuenta propia, el emprendimiento, la representación paritaria en los consejos de administración de las empresas, el desarrollo de las empresas sociales o la creación de empresas propias. Las mujeres con discapacidad deben tener los mismos derechos a asistencia financiera durante todo el ciclo de vida de la empresa y deben considerarse emprendedoras competentes.
El aumento del número de personas con discapacidad incrementará la carga para los cuidadores, en particular para los cuidadores familiares, que son principalmente mujeres que se ven obligadas a reducir sus jornadas de trabajo e incluso a salir del mercado laboral para hacerse cargo de sus familiares dependientes.
Las mujeres con discapacidad también se topan con obstáculos específicos a su participación en condiciones de igualdad en el lugar de trabajo, entre ellos acoso sexual, desigualdad salarial y falta de acceso a reparación por las actitudes discriminatorias que desestiman sus demandas. El acoso en el lugar de trabajo debe evitarse adoptando protocolos eficaces contra él de conformidad con la aplicación de la Directiva 2000/78 de la UE .
Participación en la vida política y pública
La voz de las mujeres y las niñas con discapacidad se ha silenciado históricamente, por lo que están desproporcionadamente infrarrepresentadas en la toma de decisiones públicas. En la mayoría de los Estados miembros, la privación de la capacidad jurídica de los ciudadanos con discapacidad da lugar a la pérdida de su derecho de voto.
Debido a los desequilibrios de poder y a la discriminación múltiple, han tenido menos oportunidades de crear organizaciones que puedan representar sus necesidades como mujeres, niñas y personas con discapacidad o de afiliarse a ellas.
Las personas con discapacidad y las personas mayores disfrutarán de un mejor acceso a diversos servicios y productos, como cajeros automáticos, teléfonos inteligentes y máquinas expendedoras de billetes, gracias a una nueva directiva que introdujo más requisitos de accesibilidad. Asi lo ha aprobado el Parlamento Europeo.
