El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Entre otras partidas, todos los grupos parlamentarios han acordado que se incluyan los 200 millones de euros comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia de género.
El Gobierno se comprometió a financiar con 200 millones de euros adicionales anuales -80 para medidas estatales, 100 a repartir entre las Comunidades Autónomas y otros 20 para los Ayuntamientos- el citado Pacto de Estado, suscrito el pasado septiembre.
¿Sabías que, desde 2008, se elabora en España un Informe de Impacto de Género que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado? El de este año incorporara novedades y, de un total de 218 programas de gasto gestionados por los distintos departamentos ministeriales, se ha considerado que tienen impacto 109. Una de las novedades es, precisamente, la dedicada al histórico acuerdo que involucra a todas las Administraciones Públicas y al conjunto de la sociedad civil: el citado Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, al que se dedica un capítulo.
El Consejo General del Poder Judicial participa por primera vez en el informe, analizando sus correspondientes programas de gasto con impacto de género. Cada uno de los programas presupuestarios se vincula, además, con los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y otros planes de igualdad específicos de cada área de actuación, lo que permite realizar una identificación de actuaciones previstas, así como un diagnóstico muy concreto para cada programa de gasto.
A nivel internacional, España se encuentra entre los países más avanzados en presupuestación desde la perspectiva de género.
ESPECIAL REFERENCIA AL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
España fue pionera en aprobar una de las primeras leyes integrales del mundo para luchar contra la violencia de género, como también fue de los primeros países en aprobar una Estrategia Nacional para mejorar la respuesta institucional, la protección a las víctimas y la sensibilización de toda la sociedad.
Más allá de la respuesta para acabar con la impunidad, para garantizar la seguridad y la reparación del daño a las víctimas, "debemos impulsar en la sociedad -señala el informe- los cambios necesarios para prevenirla y rechazarla de forma unánime".
El Pacto de Estado "es un pacto histórico y de unidad que refleja un compromiso político y social contra la violencia de género y de cualquier violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo y a sus hijos". El compromiso político se ha desarrollado en el ámbito parlamentario, mediante los trabajos realizados por la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por las tareas llevadas a cabo en el Senado a través de la ponencia creada en el seno de la Comisión de Igualdad.
El Pacto recoge un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años, entre las que se incluyen específicamente las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento a la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Convenio de Estambul. Este último fue ratificado por España en 2014.
También se procederá a la adecuación de los espacios en las instalaciones policiales en las que se asiste a las víctimas y testigos, con objeto de evitar la posible victimización secundaria, lo que supondrá llevar a cabo más de 200 actuaciones en el año 2018 y siguientes. Todas las comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil tendrán un espacio reservado para las víctimas de este tipo de delitos, con objeto de preservar su privacidad.
Asimismo, se implementará un Plan Estratégico para avanzar en la plena comunicación y compartición de información entre las bases de datos informáticos de las diferentes Administraciones Públicas (centros penitenciarios, órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros sanitarios, servicios sociales, bases de datos de permisos de armas), todo ello desde el respeto a la Ley de Protección de Datos.
También se integrará el sistema VioGén con los sistemas operativos policiales y se establecerá un plan específico de formación para difundir el Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las mujeres.
En este contexto, se reforzará la dotación correspondiente a los Juzgados de Violencia sobre la mujer, que otorgan una respuesta judicial especializada a las víctimas de la violencia de género. Adicionalmente, se incluye un aumento para asistencia jurídica gratuita con el fin de atender el aumento de las mujeres asesoradas y, por tanto, el incremento del número de profesionales de guardia que prestan este servicio.
Por otro lado, en lo que respecta a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), su dotación se refuerza como consecuencia del incremento, en un 50%, de la atención que prestan estas unidades, así como de un aumento del personal de las mismas y de los profesionales de los organismos de medicina legal y ciencias forenses.
Además, también se destinarán recursos adicionales para la formación especializada del personal destinado en estas unidades. También se destinarán más recursos a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para financiar el incremento de las oficinas existentes y de los equipos que forman parte de estas (gestores procesales y psicólogos), así como para la formación de dichos equipos.
En el ámbito del MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se incluye, en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Renta Activa de Inserción (RAI) para Víctimas de violencia de género o doméstica, que experimentará un incremento.
Se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una proposición de Ley relativa a la pensión de orfandad a hijos de víctimas de violencia de género, a cuyos efectos en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se incluye una transferencia a la Seguridad Social.
El MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, refuerza las dotaciones económicas para mejorar la seguridad, protección y atención personalizada a las víctimas de violencia de género.
Se realizarán más acciones de sensibilización para implicar a toda la sociedad en esta lucha. Para conseguir este objetivo están previstas cinco campañas de sensibilización: una dirigida a los jóvenes y adolescentes, otra contra la violencia de género destinada a la población general, otra especialmente focalizada en las mujeres con discapacidad por su mayor vulnerabilidad, además de otra contra la violencia sexual y, finalmente, una más contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Finalmente, se prevé la dotación necesaria para la formación online de profesionales, la macro encuesta de violencia de género y la realización de estudios e informes en relación con el eje 6 del Pacto.
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