Violación de derechos humanos, mujeres y digitalización, lucha contra el cáncer, tráfico de seres humanos, transporte, recuperación económica... La semana pasada seguimos a través de videoconferencia las distintas sesiones organizadas por el Parlamento Europeo -a iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género FEMM- en su primera Semana de la Igualdad de Género (26-29 de octubre) como un recordatorio vibrante de la lucha contra la desigualdad.
El objetivo fue realizar aportaciones al trabajo por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, así como lograr una mayor visibilidad y reconocimiento de la transversalización de género en todas las políticas. Once comités participaron en esta semana y organizaron debates, intercambios de opiniones y audiencias públicas.
Para conmemorar el 14 Día europeo contra la trata de personas se publicó un estudio sobre los costes económicos, sociales y humanos y se celebró un debate para evaluar los resultados de la principal herramienta legislativa para combatir la trata en la UE, la Directiva 2011/36/UE. Entre 2017 y 2018 hubo 14.145 víctimas registradas en comparación a las 13.461 del período 2015-2016. El 60% son traficadas por mafias para su explotación sexual; de ellas, el 92% son mujeres y niñas. La mitad de las víctimas tienen su origen en un país de la UE.
Una investigación concluye que el grado de implementación de la directiva varía entre los países de la UE. Casi 10 años después de su entrada en vigor, su aplicación sigue siendo deficiente y las diferencias entre los marcos legales y de ejecución nacionales, añadido a las diferencias en los enfoques sociales, hacen que una evaluación clara y profunda sea particularmente difícil.
El 26 de octubre intervino Rocío Mora, directora de la asociación española Apramp, en la comisión LIBE. Mora lleva 26 años comprometida con la defensa de los derechos humanos y la atención integral de personas en situación de prostitución y/o víctimas de trata.
Como indicó en su exposición, "Apramp centraliza sus actividades en la protección de los derechos de las víctimas con fines de explotación sexual, ofreciendo alternativas especializadas e integrales, pero nuestra misión no puede ser ajena a la prevención, a la sensibilización social y a la formación de profesionales". Es vital, añadió, la cooperación internacional y por ello han sido pioneras en firmar protocolos y apoyar procesos de identificación de forma conjunta con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con Fiscalía, con las administraciones públicas...
"Pero lo más importante -recalcó- es que somos el altavoz de las mujeres y de una realidad que muchas veces es invisible y se invisibiliza como delito internacional y como violación de los derechos fundamentales". Las víctimas, con apoyo y seguimiento de una entidad especializada, logran una mejor garantía de sus derechos, protección y asistencia hasta finalizar su proceso.
Ofreció datos como estos:
Además, destacó dos aspectos fundamentales. El primero, ha aumentado de forma exponencial la trata de niñas. En concreto, este año han podido entrevistar a 405 mujeres, de las cuales 287 relataron que comenzaron siendo menores de edad, es decir, un 67%. Las niñas no están siendo identificadas y es fundamental tenerlo en cuenta, resaltó. Además, la crisis del Covid-19 ha dejado una situación inédita con consecuencias especialmente perniciosas para las víctimas de explotación sexual. Se han trasladado los prostíbulos y lupanares más visibles a espacios que son totalmente invisibles. Se han multiplicado gracias a los medios digitales. A pesar del estado de alarma, la actividad de la explotación de seres humanos ha seguido activa.
Respecto a la directiva, señaló que España ha registrado numerosos avances pero lo más importante es que existen graves barreras para el acceso a estos derechos. A su juicio, debemos avanzar hacia una ley integral contra la trata y hay que abordar todas las formas de trata (como el trabajo forzado, la mendicidad obligada o el matrimonio forzado), siempre desde un enfoque de los derechos humanos y con perspectiva de género.
Por la liberación de Nasrin Sotoudeh
En la EPGenderEqualityWeek también seguimos un interesantísimo coloquio sobre el documental NASRIN y la historia de su protagonista, la abogada iraní Nasrin Sotoudeh.
Esta activista por los derechos humanos, de 57 años, y PremioSajarov 2012, fue detenida y condenada en 2019 por defender a una mujer que se manifestó contra la obligación de las mujeres de llevar velo. En su trabajo ha defendido a opositores, mujeres, hombres y jóvenes activistas.
Comenzó a defender las libertades en los años 90, como periodista. Después lo hizo como abogada. Estuvo detenida entre 2010 y 2013 y fue encarcelada de nuevo en el verano de 2018. Es conocida como la 'chica de la revolución'.
Como destacaron desde Bruselas, el Parlamento debe redoblar sus esfuerzos para conseguir su liberación y valoran emprender una campaña.
Nasrin está encarcelada en la prisión de Evine, cerca de Teherán, una de las más peligrosas del país, donde también está la investigadora francesa Fariba Adelkhah. En septiembre fue hospitalizada tras verse "gravemente debilitada" por una huelga de hambre de 45 días. Las condiciones de encarcelamiento se han endurecido en los últimos tiempos.
Desde Mujeres en Igualdad os invitamos a ver el documental sobre NasrinSotoudeh y sumaros a la petición para que sea liberada:
https://www.nasrinfilm.com/
En la actualidad tiene problemas cardiacos y según manifestó su marido, Reza Khandan, "ha habido represalias incluso hacia nuestra hija, que ha sido llamada a los tribunales. Lo utilizan como presión para Nasrin", denuncia.
La suya es la sentencia más dura que se recuerda en muchos años. Fue condenada a 36 años de cárcel y a 158 latigazos. Pedimos y exigimos justicia para ella. Para tantas mujeres y hombres valientes como ella. Personas que no se dejan vencer y arriesgan sus propias vidas.
El próximo 9 de noviembre, FEMM aprobará su informe sobre “La perspectiva de género en la crisis del Covid-19 y en el período poscrisis”.
El borrador del informe y las enmiendas analizan el impacto del coronavirus en mujeres y hombres, la violencia de género y los efectos económicos, los grupos vulnerables y el impacto fuera de la UE.
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